economistas neoliberales, vieron la oportunidad de desmantelar en provecho propio los mecanismos de redistribución, los derechos laborales, los sistemas

de enseñanza y salud y todo lo que fuera de propiedad pública. Se alzó en el

mundo un clamor concertado que señalaba al sector público como

intrínsecamente corrupto y mal administrador, se afirmó que resultaba

demasiado costoso mantener los derechos laborales y sociales adujo que el

gasto social era inflacionario y generador de déficits incontrolables que

acabarían llevando a los países a la bancarrota. El modelo alternativo, que fue

el desmantelamiento del Estado de bienestar y la privatización de todo lo

imaginable, tuvo en la dictadura militar chilena (instaurada de manera

criminal y violenta en 1973) su primer laboratorio. De allí pasó a Gran Bretaña,

en donde fue aplicado por los conservadores y, posteriormente, en 1981, en

los Estados Unidos de América en donde se eliminaron un sinfín de leyes que

regulaban la economía y las finanzas, se redujeron los impuestos y se

emprendió una ofensiva en contra de los sindicatos.

Las crisis financieras que padeció México en 1976 y de 1982 en adelante

llevaron al colapso al modelo económico propio, que fue denominado

desarrollo estabilizador y, a partir de 1982, los gobernantes empezaron a

adoptar medidas de claro corte neoliberal. Seis años más tarde, con la

imposición de Carlos Salinas en la presidencia de la república, la receta fue

aplicada de lleno y se inició el desastroso periodo que culminó en 2018 y que

dejó una dolorosa herencia de pobreza multiplicada, desigualdad social,

marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida de soberanía,

inseguridad y violencia.

Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos,

y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del

desarrollo estabilizador. Esas estrategias atenuaron, pero no erradicaron la

pobreza y la miseria y fueron obra de un régimen claramente antidemocrático.

Actualmente México vive en una economía mundial abierta, el antiguo orden

bipolar ha desaparecido, la revolución digital ha trastocado las viejas lógicas

del comercio y de las relaciones sociales, el grado de integración económica

con Estados Unidos es mucho mayor que en 1982 o 1988, en los tiemposprevios al Tratado de Libre Comercio, y la sociedad es mucho más consciente

y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el que se mantuvo

hasta el 2018.

En estas circunstancias, el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el

desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad

resulta indispensable y que puede definirse con este propósito:

construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.

La referencia a ese “abajo” social refiere el protagonismo histórico que se han

ganado los siempre desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados,

aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes

intereses económicos, ignorados por los medios y privados del ejercicio de

sus derechos por el poder político; pero hace referencia también a la

formidable reserva de civilización contenida en la herencia cultural y social

mesoamericana y que ha resistido trescientos años de dominio colonial, un

siglo de guerras e intestinas durante la república independiente y, por

supuesto, más de tres décadas de neoliberalismo rapaz. Será una

construcción colectiva, que incluya la vasta diversidad de posturas políticas,

condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones e idiomas,

ocupaciones y oficios, edades e identidades y preferencias sexuales que

confluye en la población actual de México. Y no excluirá a nadie porque será,

precisamente, una respuesta positiva y constructiva a las décadas de

exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar, mediante la

manipulación política, la desinformación y la represión abierta, en las

decisiones nacionales.

En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de

oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social

del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia

entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y

temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le

presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y

de cumplimiento obligatorio.

El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán garantizados

por medio de la ya descrita Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El

gobierno federal hará realidad el lema “Primero los pobres”, que significa

empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más

indefensos de la población.

Desarrollo sostenible

El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible,

que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del

bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta fórmula resume

insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que

deben ser aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente

habitable y armónico. El hacer caso omiso de este paradigma no sólo conduce

a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto plazo, sino que

conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por

ello, el Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que

tendrán sus políticas y programas en el tejido social, en la ecología y en los

horizontes políticos y económicos del país. Además, se guiará por una idea de

desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento

económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de

solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.

Programas:

1. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores da un

apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La

mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de

protección social que les garantice una vejez digna y plena. Según datos oficiales solo 23 por ciento de las mujeres y 40 por ciento de los hombres

tienen acceso a una pensión contributiva. Pero lo más grave es que 26 por

ciento de las personas adultas mayores no tienen ni pensión contributiva ni

apoyo de programas sociales. El apoyo económico se entrega de manera

directa –sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta bancaria. En las

comunidades indígenas del país, la edad mínima para inscribirse en el

programa es de 65 años. Lo mismo ocurre en el caso de personas mayores de

65 años que se hayan inscrito en el Padrón de derechohabientes del

programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre de 2018. Para

2019 el monto del apoyo económico es de mil 275 pesos mensuales y se

entrega en forma bimestral mediante depósito directo en tarjeta bancaria.

2. El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad

permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan

en comunidades indígenas. Más de la mitad de las personas con discapacidad

se encuentran además en situación de pobreza. Con este programa el

gobierno de la república busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas,

niños, jóvenes e indígenas con discapacidad, así como eliminar la

marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con

discapacidad. El monto del apoyo económico es de 2 mil 250 pesos

bimestrales y se entrega en forma bimestral mediante depósito directo en

tarjeta bancaria.

3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez está

dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se

encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en una escuela

pública, desde Educación Inicial y Básica, Educación Media Superior y

Educación Superior. Está limitado a una beca por familia y el apoyo es de 800

pesos mensuales que serán entregados de manera bimestral al beneficiario,

ya sea mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en

sucursales o, cuando no haya otra forma, en efectivo en mesas de pago. En el

caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios

deberán reincorporarse anualmente al programa.

4. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que jóvenes de

entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando

reciban capacitación laboral. El alcance del programa es de 2.3 millones de

jóvenes. El gobierno federal les otorga una beca mensual de 3 mil 600 pesos

para que se capaciten durante un año en empresas, instituciones públicas y

organizaciones sociales, en donde recibirán capacitación para desarrollar

habilidades que les permitan insertarse con éxito en el ámbito laboral. La

capacitación tendrá una duración máxima de doce meses. La relación entre

becarios y tutores no se considerará de carácter laboral. Los becarios reciben

un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos que se entrega directamente y de

manera igualitaria entre mujeres y hombres. Los becarios reciben, además,

por medio del IMSS, un seguro médico que cubre accidentes, enfermedades,

maternidad y riesgos de trabajo durante el periodo de permanencia en el

programa. Los becarios no deben realizar labores como asistentes personales,

de seguridad privada, veladores, promotores de partidos políticos ni trabajo

doméstico.

Pueden participar como tutores empresas de todos los tamaños y sectores;

personas físicas como: plomeros, electricistas, artesanos y profesionistas;

instituciones públicas tales como secretarías, municipios, gobiernos locales,

poderes legislativo y judicial, órganos autónomos o desconcentrados y

organismos internacionales; organizaciones de la sociedad civil; universidades,

sindicatos, escuelas, hospitales y museos, entre otras.

5. Jóvenes escribiendo el futuro es un programa nacional dirigido a jóvenes

que estén inscritos en algún centro de educación superior en modalidad

escolarizada, tengan menos de 29 años, no reciban otra beca del gobierno

federal, y vivan en un hogar en situación de pobreza. Se aplica en una primera

etapa en las escuelas normales, universidades interculturales, Universidad

Nacional Agraria, Universidad de Chapingo y Universidad Benito Juárez. Se dará prioridad a mujeres indígenas y afrodescendientes, a hombres indígenas

y afrodescendientes, a personas que vivan en una zona de atención prioritaria

y a personas que vivan en contextos de violencia. A cada becario se dará un

apoyo de 4 mil 800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar (cinco

bimestres) y tendrá como requisitos que la institución educativa tenga el

expediente escolar completo del becario, que éste tenga un número de

matrícula y un grupo asignado y que asista a clases con regularidad. Los

becarios podrán inscribirse anualmente en tanto concluyen su educación

superior, con el límite máximo del número de años previsto en el plan de

estudios de la carrera que cursen.

6. Sembrando vida es un programa dirigido a las y los sujetos agrarios para

impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cubre los

estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero,

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,

Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Incentiva a los

sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual

combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles

frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles

Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la

autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores

y se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país. Se

otorgará apoyo económico a sujetos agrarios mayores de edad, que habiten

en localidades rurales y que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar

rural y que sean propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para

proyectos agroforestales. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 5

mil pesos, así como apoyos en especie para la producción agroforestal

(plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la

implementación de sistemas agroforestales. Los técnicos del programa

compartirán conocimientos y experiencias con los campesinos y aprenderán

de la sabiduría de las personas que han convivido con la naturaleza y con el

territorio 7. El Programa Nacional de Reconstrucción está orientado a la atención de la

población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018,

con un enfoque de derechos humanos, y se aplica en Chiapas, México,

Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala,

Veracruz y Ciudad de México. Se prioriza la atención a quienes habiten en

zonas con mayor grado de marginación, con población mayoritariamente

indígena o con altos índices de violencia, y considerando las localidades con

mayor concentración de daños materiales, la proporcionalidad de la

afectación por el número de inmuebles en la localidad, y el mayor daño en la

infraestructura y las viviendas. El programa es operado por la Comisión

Intersecretarial para la Reconstrucción, creada mediante decreto presidencial,

es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y

participan en ella las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Educación

Pública, Salud, Cultura, Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Está a

cargo de la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento,

equipamiento, restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación

para la prevención y la conservación de los bienes afectados por los sismos en

los sectores de vivienda, educación, salud y cultura. Para la realización de los

proyectos y acciones se promoverá la participación de profesionistas,

instituciones académicas, pequeñas empresas, cooperativas, trabajadores de

la construcción y de servicios, privilegiando la participación de empresas y

profesionistas de la entidad correspondiente, así como de la mano de obra de

las localidades en las que se llevarán a cabo los proyectos y acciones del

programa, cuando no se trate de actividades de alta especialización para

recuperar y preservar el patrimonio cultural de la Nación. En todos los casos

se buscará contribuir al fortalecimiento de la economía local. Este programa

tiene un presupuesto de ocho mil millones de pesos que serán ejercidos por

las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (cinco mil 600

millones) y Educación Pública, Salud, y Cultura (800 millones cada una).

8. Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos comenzado el Programa de

Mejoramiento Urbano y Vivienda en 14 municipios del país, tanto en

ciudades de la frontera norte como en polos de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo, desarrollos

urbanos exclusivos y colonias marginadas. Se realizarán obras de

rehabilitación y/o mejoramiento de espacios públicos.

El programa abarca ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río

Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo,

Reynosa y Matamoros; así como colonias marginadas de cuatro turísticos: Los

Cabos, Bahía de Banderas, Acapulco y Solidaridad.

La vivienda social será una prioridad y se realizarán miles de acciones de

mejoramiento, ampliación y sustitución de vivienda. Solo este año se van a

reestructurar 194 mil créditos del Infonavit, lo que va a beneficiar a miles de

familias trabajadoras.

9. Tandas para el bienestar. Un millón de pequeños negocios recibirán el

beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y

herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de

todo tipo de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la

economía con un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales serán de 6

mil pesos y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario

podrá acceder a otro préstamo por 10 mil pesos; en el siguiente ciclo la

cantidad a financiar será de 15 mil pesos y el tope máximo será de 20 mil

pesos. El gobierno federal dispone de seis mil millones de pesos para

financiar este programa.

Derecho a la educación

Durante el periodo neoliberal el sistema de educación pública fue devastado

por los gobiernos oligárquicos; se pretendió acabar con la gratuidad de la

educación superior, se sometió a las universidades públicas a un acoso

presupuestal sin precedentes, los ciclos básico, medio y medio superior

fueron vistos como oportunidades de negocio para venderle al gobierno

insumos educativos inservibles y a precios inflados, se emprendió una ofensiva brutal en contra de las escuelas normales rurales y en el sexenio

pasado se operó una mal llamada reforma educativa que era en realidad una

contrarreforma laboral, contraria a los derechos laborales del magisterio y

orientada a crear las condiciones para la privatización generalizada de la

enseñanza.

Esta estrategia perversa se tradujo en la degradación de la calidad de la

enseñanza en los niveles básico, medio y medio superior y en la exclusión de

cientos de miles de jóvenes de las universidades. En los hechos, el derecho

constitucional a la educación resultó severamente mutilado y ello no sólo

privó al país de un número incalculable de graduados, sino que agravó el auge

de la delincuencia y las conductas antisociales. En el sexenio anterior la

alteración del marco legal de la educación derivó en un enconado conflicto

social y en acciones represivas injustificables.

Ante esta circunstancia, el gobierno federal se comprometió desde un inicio a

mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el

acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma

educativa. La Secretaría de Educación Pública tiene la tarea de dignificar los

centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión y el

magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un

nuevo marco legal para la enseñanza.

Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus

actividades en marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades. Para la

instalación de los planteles se dio preferencia a zonas de alta densidad

poblacional en las que haya nula oferta de estudios universitarios y con alto

grado de rezago social, marginación y violencia. Las escuelas universitarias se

distribuyen en Oaxaca (11 planteles), Ciudad de México (10), Veracruz (8),

Chiapas y Guanajuato (6). Las otras entidades tienen entre 2 y 5 escuelas. En

conjunto, las Universidades para el Bienestar ofrecen 32 mil plazas para

estudiantes, los cuales recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. Los edificios permanentes en los que operarán las Universidades para el

Bienestar serán construidos con el concurso del trabajo comunitario y de

trabajadores locales, en terrenos donados o entregados en comodato por

campesinos, municipios o comisariados ejidales. Las carreras que se ofrecen

son Ingenierías Civil, Industrial, Forestal, Agroalimentaria, Ambiental,

Agroforestal, Electromecánica, Agronomía, en Minas, Piscícola, en

Acuacultura, en Desarrollo Regional Sustentable, Química de la Industria

Petrolera, en Administración de la Industria Energética y en Procesos

Petroleros, en Energías Renovables; Medicina Integral y Salud Comunitaria;

Enfermería y Obstetricia; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Contabilidad y

Administración Pública; Derecho; Patrimonio Histórico e Industria de Viajes;

Gestión Integrada del Agua; Normal de Educación Básica; Estudios Sociales;

Patrimonio Histórico y Biocultural; Educación Física; Administración Municipal

y Políticas Públicas; Música y Laudería y Normales Rural e Intercultural

Bilingüe.

Salud para toda la población

La administración que inició el 1 de diciembre de 2018 encontró un sistema

de salud pública insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la

corrupción. Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las

instituciones o modalidades de ese sistema o bien enfrentan padecimientos

para los cuales no hay cobertura. Como en otros terrenos, el desastre del

sistema de salud pública es resultado de los afanes privatizadores y de los

lineamientos emitidos por organismos internacionales copados por la

ideología neoliberal. El resultado: en un periodo en el que proliferaron los

dispensarios, clínicas y hospitales privados de todas las categorías, incluso los

de gran lujo, los establecimientos públicos han sido librados al saqueo de la

corrupción, la indolencia burocrática y el estrechamiento presupuestal. Es

casi normativo el que los pacientes de los hospitales del Estado tengan que

llevar sus propios materiales de curación y que se vean obligados a esperar

meses antes de ser sometidos a una intervención quirúrgica, tanto por la

saturación de los quirófanos como por descomposturas o faltantes de equipo. Otros ni siquiera logran acceso a terapias y tratamientos porque no están

afiliados a ninguna institución de seguridad social o bien porque la cobertura

del Seguro Popular es insuficiente. En suma, el derecho a la salud le es

denegado parcial o totalmente al sector más desprotegido de la población

mexicana.

Instituto Nacional de Salud para el Bienestar

El gobierno federal realizará las acciones necesarias para garantizar que hacia

2024 todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica

y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales

de curación y los exámenes clínicos.

Este objetivo se logrará mediante la creación del Instituto Nacional de Salud

para el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional. a todas las

personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. La atención se brindará en atención

a los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica,

pertinencia cultural, trato no discriminatorio, digno y humano.

● El combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud.

● Se dignificarán los hospitales públicos de las diversas dependencias

federales.

● Se priorizará la prevención de enfermedades mediante campañas de

concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición,

hábitos saludables y salud sexual y reproductiva.

● Se emprenderá una campaña informativa nacional sobre las adicciones.

● Se impulsarán las prácticas deportivas en todas sus modalidades Cultura para la paz, para el bienestar y para todos

Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En rigor, el

adjetivo “inculto”, particularmente cuando se le utiliza en término peyorativo,

denota una condición imposible: los humanos viven en sistemas culturales

que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde

los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo

simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de

productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las

artes plásticas, las letras y las artes escénicas.

Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los

circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia,

factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad.

Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las

necesidades de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e

impulsará una vigorosa acción cultural en las zonas más pobres del país.

Al mismo tiempo, sin descuidar las materias que por tradición han recaído en

el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Secretaría de Cultura

promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de la vasta

diversidad cultural que posee el país y trabajará en estrecho contacto con las

poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones

en materia cultural. Los recintos tradicionalmente consagrados a la difusión

del arte no deben centralizar y menos monopolizar la actividad cultural. Ésta

debe poblar los barrios y las comunidades y hacerse presente allí en donde es

más necesaria, que son los entornos sociales más afectados por la pobreza, la

desintegración social y familiar, las adicciones y la violencia delictiva.

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